Fotoreportaje entierro de Mario Caal, Livingston

Crisis a Orillas del Río Dulce: Muerte de Mario Caal

Aldea La Ensenada Puntarenas. Livingston, Izabal, Guatemala.
18 de marzo de 2008.
Tema: Justicia / Impunidad / Tierra

El precioso Río Dulce, espectacular cuerpo de agua que conecta al Lago Izabal con la ciudad caribeña de Livingston, mide aproximadamente unos 35 kilómetros de largo. Dicha trayectoria es sin duda una de las principales atracciones turísticas del país. Sin embargo, en esta misma región ha estallado un conflicto transcendental durante los últimos 30 días que, apropiadamente analizado, divulga la oscura realidad que se vive actualmente en Guatemala.

“En el trasfondo de este conflicto subyace un entramado de intereses económicos por la tierra en una región donde se cruzan necesidades de sobrevivencia de poblaciones enteras con áreas protegidas y proyectos turísticos. Asimismo, subyacen otros intereses que giran en torno a la explotación minera, el cultivo de la palma africana y la ganadería. Este conflicto es uno más de los que se han dado en Izabal y que han puesto de manifiesto la urgente necesidad de encontrar una solución al problema agrario, el cual ha sido un foco de conflictividad durante sucesivos gobiernos.” (1)

El sábado 15 de marzo se realizaron incursiones policiaco-militares en comunidades pertenecientes a la organización Encuentro Campesino. En la Aldea Ensenada Puntarenas, la redada se llevó a cabo de manera violenta y terminó trágicamente con lo que se analiza como la “ejecución extrajudicial” del líder comunitario Mario Caal Bolom por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. (Fotografía de Mario Caal como fue encontrado: Bloque Antiimperialista). (2)

Los hechos del último mes, como las retenciones de 29 policías y 4 turistas belgas por parte de campesinos Maya Q’eqchi’ demandando la liberación del líder campesino Ramiro Choc y legalización de su situación catastral, son acciones altamente desesperadas y en ocasiones claramente fuera de la ley. La misma situación jurídica de Choc, acusado de usurpar propiedades, es una que precisa ser esclarecida. Sin embargo, la ejecución extrajudicial de un campesino por parte de las fuerzas de seguridad del Estado es una violación directa a los derechos humanos.

“Aunque la información periodística y la visión oficial han personalizado y focalizado el conflicto en Izabal en la figura de uno de los dirigentes (Ramiro Choc) y sus supuestas acciones delictivas, es necesario detenerse en los factores estructurales de la conflictividad: en primer lugar, la distribución desigual de la tierra y la riqueza, tanto a nivel general como específicamente en el caso de Izabal. No parece razonable esperar ausencia de conflictos, incluso con matices violentos, en un país donde el 2% de propietarios posee el 62.5% de la superficie, mientras que el 94% (entre ellos los campesinos de Izabal) tiene únicamente el 18.60%.” (3)

Durante el sepelio de Mario Caal Bolom, varios comunitarios de La Ensenada Puntarenas compartieron sus experiencias y visiones de la problemática al igual que los eventos violentos en su comunidad.

“Aquí no estamos acaparando ni invadiendo tierra. Esta comunidad es herencia de los antepasados, de los abuelos y ancianos que han muerto para dejarnos esta herencia. ¿Por que el gobierno tilda que estamos ocupando o invadiendo tierra? No, es una historia de Ensenada Puntarenas. Esta comunidad fue inscrita el 21 de febrero de 1940. Tengo un expediente allí. El CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) Y CECON (Centro de Estudios Conservacionistas) lo tienen. Pero ahora nos tildan que estamos ocupando una tierra que pertenece a otra persona. Pero no, el estado lo hace para no dar tierra a los campesinos.” (4)

“No señores. Somos una comunidad con historia, con hechos. Somos un grupo de campesinos que no empezamos ayer. No empezamos hace poco. Por eso sentimos el derramamiento de sangre de nuestro compañero. Ojala que el Estado de Guatemala asuma las responsabilidades posteriores. El compañero Mario dejó una familia, dejó hijos, dejó muchas responsabilidades. ¿Quien ahora por ellos? ¿Estos niños que harán? ¿Que será de la señora?” (5)

“La Policía y el Ejército entraron violentamente a la comunidad para accionar en contra de nosotros. En las casas de nosotros entraron y rompieron las ventanas, golpearon a mujeres. Ellos [la policía] pensaban que aquí estaban los rehenes, pero estaban equivocados. En esta comunidad no pertenecíamos a esa gente que detuvieron a los [turistas] belgas. Nosotros nunca tomamos esa decisión de participar en nuestra comunidad. ¿Porque no entraron a la comunidad a conversar o dialogar? Incluso al señor procurador de la PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos) lo atropellaron también. Es una injusticia lo que está haciendo el gobierno de Guatemala.” (6)

Mario Caal Bolom tenía 29 años y pertenecía a la comisión de educación del Comité Comunitario de Desarrollo.

Familiares de Mario Caal, incluyendo su madre, se lamentan antes de la procesión del ataúd rumbo al cementerio.

Según testigos, la muerte de Mario Caal no fue accidental, sino una “ejecución extrajudicial por parte de la PNC ya que sabían que Mario era un líder comunitario y porque se expresaba bien en castilla (español).” Al igual, Mario presenció como observador la liberación de los 29 policías detenidos a fines de febrero en la comunidad Creek Maya. Y por estos motivos, comunitarios están seguros que fue previamente señalado por las fuerzas de seguridad y convencidos que su muerte no fue accidental. (7)

“Nos duele mucho recordar la historia. Esta historia vuelve a recordar como sucedió cuando empezó el conflicto armado. Ellos empezaron. Y hoy otra vez nos vuelven a intimidar. Señores, nos preocupa mucho el pensar que los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron los que torturaron, ahorcaron, y cuando posteriormente se dieron cuenta que el hermano, el amigo, el cuñado, ya no tenía vida, lo remataron con bomba lacrimógena para borrar evidencia.” (8)

“¿Creen ustedes que somos pendejos para no pensar las cosas? No señores, no se equivoquen con nosotros. Es cierto, somos humildes. Pero no somos incapaces. Ojala que el Estado tenga la capacidad de proporcionar datos de los miembros de la PNC y Ejército que incursionaron aquí a Puntarenas. Lo vemos difícil por que todos se están lavando las manos.” (9)

A nivel nacional se creó una confusión ya que el Ministerio de Gobernación, la Presidencia y la PDH divulgaron versiones diferentes sobre los hechos. Gobernación declaró que la liberación de los turistas belgas fue un éxito, negó la muerte de Caal al igual que el canje de campesinos retenidos por turistas belgas. (10)

Mientras tanto, la Presidencia y la PDH admitieron que las fuerzas de seguridad capturaron sin previa orden a tres campesinos, incluyendo la esposa de Ramiro Choc, y los canjearon en el lugar por los turistas belgas. (11)

“Como ‘ejecución extrajudicial’ calificó tal hecho Rolando Yoc, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien acudió a la aldea Puntarenas, de Lívingston, donde el cadáver de Caal permaneció tirado durante 19 horas sin que se presentase el Ministerio Público.” (12)

“La población de Puntarenas fue totalmente atropellada sicológicamente. La gente aquí vive en temor. Cuando se ven pasar guardacostas, miembros de la PNC, la gente piensa en huir a la selva.” (13)

“Aquí estamos condenados. Estamos en un callejón sin salida. No hay oportunidad. Es al contrario. Cada día nos restan la oportunidad. Cada día sigue la opresión. ¿En que órgano de seguridad vamos a creer si la misma policía nos está asesinando? Solo en el tiempo de los militares se hacía esto, como en el ‘82. Entonces cuesta mucho recordar y aceptar... Nos preocupa la seguridad integral de nosotros. Creo que la historia juzgará. Que castigue la justicia. Que la verdad condene.” (14)

“Hasta ahora, en este conflicto, el Estado ha sido el único que ha matado. Y es importante entender el porqué de dichos actos de desesperación [como las detenciones de los policías y turistas belgas] que se deben a la pobreza, falta de justicia, y legalidad de las tierras.” (15)
English version click here.
1 Reynolds, Louisa. “Izabal es nuevamente escenario de conflictividad agraria”. Inforpress Centroamericana, No. 1742. 29/02/2008.
2 Perdomo, Edwin. “Izabal: Controversia por campesino muerto durante la incursión de la fuerza pública”. Prensa Libre, Guatemala, 17 de marzo de 2008. http://www.prensalibre.com/pl/2008/marzo/17/226849.html
3 Cabanas, Andrés. http://www.albedrio.org/htm/articulos/acabanas-079.htm
4 Entrevista con Alcalde Auxiliar de La Ensenada Puntarenas. 18 de marzo de 2008.
5 Entrevista con primer comunitario de La Ensenada Puntarenas que prefiere no ser identificado. 18 de marzo de 2008.
6 Ibid.
7 Entrevista con segundo comunitario de La Ensenada Puntarenas que prefiere no ser identificado. 18 de marzo de 2008.
8 Entrevista con tercer comunitario de La Ensenada Puntarenas que prefiere no ser identificado. 18 de marzo de 2008.
9 Ibid.
10 “No hubo canje de capturados por rehenes, asegura ministro de Gobernación”. Prensa Libre, Guatemala, 18 de marzo de 2008. (http://www.prensalibre.com/pl/2008/marzo/18/227321.html).
11 “Secuestradores canjean a turistas por campesinos”. elPeriodico, Guatemala. 16 de marzo de 2008. (http://www.elperiodico.com.gt/es/20080316/pais/50586/).
12 Perdomo. Op. Cit.
13 Entrevista con cuarto comunitario de La Ensenada Puntarenas que prefiere no ser identificado. 18 de marzo de 2008.
14 Ibid.
15 Entrevista con miembro de organización de derechos humanos que prefiere no ser identificado. 20 de marzo de 2008.

FUENTE: http://mimundo-jamesrodriguez-esp.blogspot.com

Publicado por Amalia Velazquez - Corresponsal de Abya Yala en Guatemala

Ordenan captura de 15 militares por masacre de San José de Apartadó

Carta de protesta a Álvaro Uribe

Ordenan captura de 15 militares por masacre de San José de Apartadó

La decisión fue provocada por el testimonio de Jorge Luis Salgado, un ex paramilitar que acuso a los uniformados de asesinar, en asocio con las AUC, a los 3 niños y 8 adultos.

Marzo 26 de 2008 - ELTIEMPO.COM

"Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro (...) 'Cobra' tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta", afirmó Salgado, oriundo de Carepa (Antioquia), a las autoridades el pasado 30 de enero.

La masacre en la comunidad de paz ocurrió el 21 de febrero del 2005.
Ese día, los cuerpos mutilados y decapitados quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio tapar.
Todas las víctimas eran miembros de un grupo que se declaró neutral dentro del conflicto armado colombiano y que venía pidiendo afanosamente protección especial.
Aunque, desde un comienzo, testimonios indicaron que los responsables de estos hechos eran miembros de la Brigada XVII del Ejército y hombres bajo el mando de Diego Murillo, 'Don Berna', esta es la primera vez que alguien que estuvo en las filas de los verdugos narra la historia.
"Ninguno de nosotros sabíamos hasta dónde llegábamos, solo que teníamos que ir a la vereda La Resbalosa y recorrer la zona en compañía del Ejército", dice el ex 'para'.
En la mira, tres subtenientes
Su testimonio, acaba de precipitar varias decisiones de fondo en este caso emblemático que ya llegó a tribunales internacionales.
Hace 12 días, la Fiscalía le envió una comunicación al comandante del Ejército, general Mario Montoya, en la que le solicita que ordene, a quien corresponda, las capturas de 15 miembros activos de ese cuerpo armado que en el 2005 estaban asignados al área de los hechos.
En la carta, la Fiscalía advierte que inicialmente los uniformados serán escuchados en indagatoria.
Pero uno de los in vestigadores le aseguró a EL TIEMPO que se ordenó su detención "porque existen indicios suficientes para presumir su responsabilidad en los hechos de Apartadó".
En la lista que recibió el general Montoya hay tres subtenientes, cuatro sargentos y ocho cabos.
Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El oficial, varias veces mencionado dentro del expediente, optó por guardar silencio durante toda la diligencia de indagatoria que se le adelantó hace unos meses.
Y aunque su defensa alegó plena inocencia, la Fiscalía optó por acusarlo de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo, en calidad de coautor.
El operador de radio del Héroes de Tolová, Adriano José Cano Arteaga, le aseguró a la Fiscalía que el grupo de Gordillo había salido a patrullar varias veces con los paramilitares.
Cayó 'Cobra'
Su testimonio y el de Jorge Luis Salgado David permitieron que, hace diez días, un fiscal especializado les dictara medida de aseguramiento a los dos ex jefes 'paras' señalados de participar activamente en la masacre.
Se trata de Joel José Vargas Flórez y de José Clímaco Falco, alias 'Cobra', el hombre que supuestamente degolló a la pequeña Natalia, de 5 años.
Y mientras la Fiscalía les define la situación jurídica a los militares implicados, abogados de familiares de las víctimas están pidiendo acceso a los testimonios 'paras' sobre los desgarradores hechos de hace tres años.
Salgado David, por ejemplo, cuenta que el padre de la niña degollada les suplicaba de rodillas que no mataran a los menores.
Además, que la niña creyó que se trataba de un paseo y le guardó a su hermanito una muda de ropa para el viaje.
"Le decía adiós con la manito", recuerda el ex 'para'.
Y añade que la violencia del ataque fue con tal sevicia que cuando se topó con el cadáver de un hombre, presunto guerrillero, casi trasboca.
"Quedó partido, destrozado por el estómago (...) se le veian las tripas y una cosa blanca. Yo me había comido una jamoneta y me dieron ganas de vomitar".
Protección para testigo
Hoy, paradójicamente, Jorge Salgado David, está pidiendo protección.
Un grupo de desmovilizados ha intentado asesinarlo en al menos dos ocasiones porque se está negando a entrar a 'las Águilas Negras', grupo paramilitar emergente con tentáculos en todo el país.
Por suerte, las autoridades ya están tras la pista de los hombres que lo quieren matar.
San José: una comunidad de paz

La masacre ocurrida en el 2005 en San José de Apartadó, y la situación de señalamiento y de estigmatización que derivó de ese hecho en esta comunidad de paz, es uno de los casos que ONG han llevado ante estrados internacionales para acusar al Estado colombiano de no trabajar por la defensa de los derechos humanos.
De hecho, desde el 2002, esta comunidad del Urabá antioqueño tenía medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
El organismo internacional le había exigido al Gobierno colombiano medidas para preservar la vida e integridad de los miembros de esa comunidad de paz.
Hoy, más de tres años después de los hechos, este caso y el de otros 170 asesinatos cometidos desde 1997 en San José de Apartadó, se encuentran en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
El caso deberá pasar luego a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, que deberá fallar.
Además, informes de algunos de esos crímenes han sido enviados a la Corte Penal Internacional, al Parlamento Europeo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a otros organismos internacionales.

Los uniformados requeridos

En la carta enviada al general Mario Montoya, la Fiscalía solicita las capturas inmediatas de los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán.
También figuran los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González. Además, los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.
Extraoficialmente se supo que ya se hicieron efectivas cinco capturas.
Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Guillermo Armando Gordillo Sánchez.
El oficial tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al Batallón Vélez de Carepa (Antioquia), que realizaron la operación 'Fénix' durante los días en los que ocurrió la masacre.
Para el organismo investigador "es claro e innegable su presencia en circunstancias de tiempo y lugar".
Por eso, se le negó la libertad provisional y permanece tras las rejas desde noviembre del año pasado.
En su contra rezan varios testimonios que señalan que el oficial acordó patrullajes conjuntos con 'paras' del bloque 'Héroes de Tolová', que se desmovilizó en medio del proceso de paz con el Gobierno.
Uno de los testigos es Adriano José Cano, quien fue radioperador de esa facción 'para', quien contó a la Fiscalía que, luego de la masacre, el capitán recriminó a los 'paras' por lo que habían hecho.
"Les dijo que fue una embarrada muy grande", sostuvo, y agregó que los militares no hicieron nada para evitar el crimen ni para perseguir a los responsables.
El ahora ex 'para' aseguró que los miembros de las Auc eran los guías del Ejército, pero cuando llegaron a las viviendas de los campesinos "entraron a las casas, intimidaron, torturaron y mataron" usando machetes y armas de fuego.

Casos con miembros de la Fuerza Pública involucrados

JAMUNDÍ
El pasado 18 de febrero, el coronel Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, y 14 de sus hombres fueron condenados por un juez de Cali por el asesinato de diez policías y un informante en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca).
La condena se conocerá el próximo 21 de abril, pero se estima que no estará por debajo de los 25 años. En el caso del coronel, quien al parecer planeó el hecho, no se descarta una pena de 40 o 60 años.

RETOMA PALACIO DE JUSTICIA

La Fiscalía ordenó la captura del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a mediados de julio del 2007, en el proceso por la desaparición de Carlos Rodríguez y Cristina Guarín, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, y de Irma Franco, guerrillera del M-19.
Dentro del proceso por los desaparecidos fueron capturados los sargentos (r) Antonio Jiménez y Ferney Causalla, miembros, para la época, del B2 del Ejército, que participó en la retoma del Palacio.

MASACRE DE MAPIRIPÁN

El Coronel Lino Sánchez fue condenado a 40 años de prisión por la masacre, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en ese municipio del Meta y que dejó más de 49 muertos. La misma condena la recibieron como coautores indirectos los sargentos Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña Díaz,
En el 2003, la Fiscalía llamó a juicio al general Jaime Alberto Uscátegui, pero fue absuelto en noviembre del año pasado por un juez de Bogotá.

u.investigativa@eltiempo.com.co

En la masacre murieron Luis Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo Deyner Guerra. También Alfonso Bolívar, su esposa Sandra Graciano, Natalia y Santiago, hijos de la pareja, y Alejandro Pérez. Jesús Abad Colorado - Archivo / EL TIEMPO

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Retorno a Mulatos - Comunidad de Paz de San José de Apartadó En la mañana del 20 de febrero algunas familias campesinas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, urabá antioqueño, emprendieron el viaje de RETORNO a la vereda Mulatos, el Observatorió acompañó este caminar por la memoria y la dignidad.
Detrás de los medios - San José de Apartadó / 1de3 Por el prisma de los medios se filtra la manera cómo vemos y enfrentamos el conflicto social y político que padecemos como sociedad. Detrás de los Medios es un reporte del seguimiento al cubrimiento realizado por los medios masivos de comunicación a realidades que atañen, de manera directa, la vida de los procesos comunitarios y de resistencia civil de las comunidades campesinas en Colombia. El primer capítulo de esta serie analiza la manera como fue presentada por los medios audiovisuales la masacre ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

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Carta de protesta a Álvaro Uribe

Marzo 26 de 2008 - SEMANA.COM

22 organizaciones de derechos humanos internacionales le enviaron una carta al presidente Alvaro Uribe Vélez, pidiéndole que combata la nueva ola de violencia contra organizaciones sociales y líderes sindicales.

Marzo 25, 2008
S.E. Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Bogotá, Colombia
Estimado Presidente Uribe:
Escribimos esta carta para expresar nuestra profunda preocupación por la ola reciente de amenazas, ataques y asesinatos de defensores de derechos humanos y sindicalistas vinculados a la marcha del 6 de marzo en contra de los crímenes de estado y el paramilitarismo. Le pedimos que adopte medidas urgentes y efectivas para frenar esta violencia.........
Esta serie de amenazas y actos de violencia dejan muchas dudas frente a la efectividad del proceso de desarme y desmovilización de las estructuras paramilitares. De hecho, la Organización de Estados Americanos ha reportado que 22 grupos armados vinculados al paramilitarismo siguen activos en distintas zonas del país .
Estamos especialmente preocupados por el hecho de que las amenazas y ataques a estas organizaciones y líderes, empezaron a presentarse justo después de que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria hiciera una serie de acusaciones públicas en contra de los organizadores de la marcha del 6 de marzo. ..........................En su última declaración, el señor Gaviria sugiere que el señor Cepeda es prácticamente, un miembro de las Farc. Esta acusación es particularmente escandalosa, luego de los ataques y amenazas de los últimos días......
Le pedimos que combata esta ola de violencia a través de las siguientes acciones:
1. Descalificando, en público y ante los medios de comunicación, las acusaciones y declaraciones del señor Gaviria y otros, relacionando a los organizadores de la protesta del 6 de marzo con la guerrilla de las Farc, reafirmando el apoyo y protección de su gobierno al trabajo legítimo que hacen los defensores de derechos humanos y sindicalistas, y asegurándose que no volverán a hacerse declaraciones incendiarias por miembros del gobierno.
2. Empezar una pronta investigación, imparcial y comprensiva sobre los recientes asesinatos, amenazas y ataques. Es de vital importancia que si se comprueba que detrás de estos crímenes están involucrados excombatientes desmovilizados, que se les retiren sus beneficios y se tomen acciones decisivas para desmantelar a estos grupos y sus vínculos con agentes del estado, como lo ha recomendado Naciones Unidas.
3. Disponer de medidas de seguridad especiales para proteger a los individuos que han sido amenazados........
Gracias por su atención a este asunto urgente,
Sinceramente,
Andrew Hudson
Human Rights Defenders Program
Human Rights First
José Miguel Vivanco
Americas Director
Human Rights Watch
Renata Rendón
Advocacy Director for the Americas
Amnesty International USA
Kenneth H. Bacon
President
Refugees International

John Arthur Nunes
President and CEO
Lutheran World Relief
Joy Olson
Executive Director
Gimena Sánchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and Haiti
Washington Office on Latin America

James R. Stormes, S.J.
Secretary, Social and International Ministries
Jesuit Conference
Lisa Haugaard
Executive Director
Latin America Working Group

Adam Isacson
Director of Programs
Center for International Policy
Robert Guitteau Jr.
Interim Director
US Office on Colombia

Heather Hanson
Director of Public Affairs
Mercy Corps

Mark Harrison
Director, Peace with Justice
United Methodist Church, General Board of Church and Society
Monika Kalra Varma
Director
Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights
Viviana Krsticevic
Executive Director
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Joe Volk
Executive Secretary
Friends Committee on National Legislation
Melinda St. Louis
Executive Director
Witness for Peace

Bert Lobe
Executive Director
Mennonite Central Committee

Rick Ufford-Chase
Executive Director
Presbyterian Peace Fellowship

Charo Mina-Rojas
AFRODES USA

T. Michael McNulty, SJ
Justice and Peace Director
Conference of Major Superiors of Men
Cristina Espinel
Director
Colombia Human Rights Committee, Washington DC
Phil Jones
Director
Church of the Brethren Witness/Washington Office

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Marzo 6 de 2008 / Solidaridad mundial con las víctimas

El 6 de Marzo de 2008 el mundo se solidarizó con la movilización convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - M El 6 de Marzo de 2008 el mundo se solidarizó con la movilización convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE - para rendir un homenaje a las víctimas del paramilitarismo y de los crímenes del Estado en Colombia. Por los masacrados, por los desaparecidos, por los ejecutados y por los más de cuatro millones de campesinos despojados de sus tierras.

Ni perdón, ni olvido - 6 de marzo de 2008 - Bogotá

Un videoclip sobre la marcha del 6 de marzo, un homenaje a las víctimas del paramilitarismo y de los crimenes de Estado en Colombi Un videoclip sobre la marcha del 6 de marzo, un homenaje a las víctimas del paramilitarismo y de los crimenes de Estado en Colombia, resume además un informe noticioso sobre la violencia paramilitar en Colombia.

Una realización del:
Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia.
ÁREA DE COMUNICACIONES - ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA

También puedes ver los VideoCLIP en el sitio web del Observatorio:
http://comunicaciones.acantioquia.org/

 

Publicado por Amalia Velazquez - Corresponsal de Abya Yala en Guatemala

Abandono del socialismo por Edelberto Torres Rivas Por Alfonso Bauer - Guatemala, 27 de marzo de 2008

Edelberto Torres Rivas es un abogado, quien además de su formación jurídica, por muchos años se ha dedicado al estudio de las Ciencias Sociales, incluida la Política, no sólo en Guatemala sino en diversas universidades del extranjero, de reconocido prestigio. O sea que actualmente es uno de los académicos del país que cuenta con un ingente acervo de conocimientos teóricos de disciplinas sociopolíticas.

Edelberto Torres Rivas (ETR) es, además, un ex revolucionario que en su adolescencia fue activo militante del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), con sólida conformación ética, impartida en el hogar por su padre, el venerable maestro, compatriota de Sandino, don Edelberto Torres Espinoza.
He recurrido a estos antecedentes, porque debido a ellos, en amplios círculos de la sociedad guatemalteca, la opinión de ETR es aceptada como válida. Y siendo así, es necesario negarle esa calidad respecto a varias aserciones que forman parte de su artículo "Ilusiones socialistas 50 años después" -publicado en elPeriódico, el domingo 9 del presente mes- dedicado a la Revolución Cubana. Dice la verdad al reconocer los inmensos logros de la Cuba revolucionaria en cuanto a educación y salud públicas, así como respecto a la fortaleza del pueblo cubano y de sus autoridades para soportar el embargo económico de los Estados Unidos de América, pero tergiversa el acontecer de la práctica política del Gobierno revolucionario y del Partido Comunista cubano.
Lo que yo tenía pensado señalarle a gran parte de falaz texto de su artículo ya está dicho por nuestro paisano Carlos Figueroa Ibarra en "Carta abierta al Colectivo la Gotera a propósito de Edelberto Torres Rivas y Cuba" (Leer La Hora -Tribuna, no mostrador- del lunes 17 de este mes). Sin embargo, con perdón al compañero Figueroa Ibarra, a continuación, reiteraré varios de sus juicios, también de mi magín y ética política, antes de conocer los suyos.
ETR se empeña en comentar episodios del quehacer gubernamental en Cuba como si fuesen actos deliberados de autoritarismo totalitario y de corrupción del socialismo, enjuiciamiento que, junto con los demás a que me referiré, conducen al desprestigio del gobierno de Cuba y de su socialismo.
ETR, quien conoce teórica y personalmente lo que es el imperialismo estadounidense, (al cual ahora casi nunca alude), no lo toma en cuenta para explicar sus acerbas observaciones a medidas de seguridad nacional que ha debido tomar el Estado cubano, y también a inconvenientes que no se han subsanado y que afectan a la población. Irresolución, que ETR se la imputa al gobierno revolucionario cubano, ocultando al causante real, el constante acoso mediático, económico, político, militar e intervensionistas, del vecino Imperio Medidas e inconvenientes, tales como:
Primero. Las colas que los consumidores o usuarios tienen que hacer para adquirir artículos de primera necesidad o servicios públicos.
Segundo: El supuesto deseo de cubanos descontentos que desean huir de Cuba, cuando se trata de una minoría de personas, generalmente alineadas por las prédicas sobrantes y subversivas del Imperio.
Tercero: La imputación al régimen revolucionario de marginción de la juventud de las funciones públicas de alta responsabilidad en el Estado, la cual no se ajusta a la verdad, como lo prueba Figueroa Ibarra dando los nombres de Carlos Lage, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Estado, es decir, Primer Ministro, Abel Prieto, ministro de Cultura, Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores y Carlos Valenciaga., Secretrario Ejecutivo del Presidente de Estado.
Al respecto es bueno que ETR no olvide que más del 80% de la población cubana ha nacido después del triunfo de la Revolución, o sea que no excede los 50 años. Cuarto. ETR afirma que en Cuba "no toleran la disidencia política y los Comités de Defensa de la Revolución continúan sus rondas nocturas, arrastrando desaliento, con la voluntad extraviada de vigilarse mutuamente". Quien esto escribe vivió siete años en Cuba y perteneció al CDR e hizo guardia con su difunta esposa María Teresa Carrillo López, y jamás se vigilaba a los vecinos, sino el orden público que pudiera ser violentado por delincuencia común, o por algunos agresores de yanquilandia, porque no habían amenazas contrarrevolucionarias en la Isla, como sí en Nicaragua en donde también, solidarios con el pueblo sandinista, cumplimos con el deber de defensa de la Revolución comandada por el FSLN.
Quinto: ETR dice: "Toda política produce disidentes. Aquí (refiriéndose a Guatemala) a los rebeldes los asesinó el Estado, por ello disgusta que allá (es decir, en Cuba) los confundan con agentes de la CIA y se pudran por 20 aós en la cárcel".
Es sarcástica esa comparación, ¿cómo puede llamar rebeldes en igual grado de legitimidad política a los gusanos cubanos contrarrevolucionarios con los guatemaltecos que han luchado por cambiar el sistema político militarizado, plutocrático, deshumanizado, explotador de su pueblo y sirviente del Imperio, con el sistema socialista cubano que eliminó la clase dominante de la burguesía y mantiene la independencia de Cuba, y provee en la medida de sus posibilidades el máximo de atención a las necesidades del pueblo, a pesar de los impedimentos que el imperialismo monta a diario contra el libre desenvolvimiento de la economía cubana?.
Aunque ETR no está de acuerdo con el régimen político actual de Guatemala, alude al mismo considerándole propio de una democracia. Democracia, ¿sólo porque cada cuatro años hay elecciones?
En fin, ETR, se manifiesta, en su artículo, como un defensor de la libertad, Pero de la libertad de los burgueses y de sus secuaces y no del proletario y desposeído. Olvida la sabia reflexión del político revolucionario Francés, del siglo XVII, Juan Pablo Marat, quien partiendo de la realidad opresiva y represiva de un estado gobernado por la clase de ricos egoístas, se preguntó: "¿De que sirve la libertad política para los que no tienen pan?. Sólo tiene valor para los teorizantes y los políticos ambiciosos".
Al parecer, negando su pasado, ahora ETR está convirtiéndose en el tipo de intelectuales descritos en el VII Seminario Académico en la Facultad de Ciencias Económicas (1992), de la siguiente manera: "Siempre serán parte de los llamados "intelectuales orgánicos", ya que son clases auxiliares, creadoras y reproductoras de la hegemonía: necesarias e indispensables, pero subordinados a los bloques dominantes de la sociedad civil y política". O como el intelectual de quien trata Mario Roberto Morales en un artículo que publicó el 24 de octubre de 2004, en el que apunta: "El concepto del intelectual que se tiene es que éste esté metido en un Think Tank y que le dé ideas a las transnacionales sobre mercadeo. El concepto en el tercer mundo es el intelectual de FLACSO, de ASIES, es decir, de mercenarios del intelecto. Son intelectuales a sueldo que investigan líneas impuestas por los organismos de cooperación internacional".
¿Será por su desempeño en el PNUD, que ETR ya no le preocupa el imperialismo y sí el socialismo de Cuba?

Fuente: www.lahora.com.gt - 260308

 

Publicado por Amalia Velazquez - Corresponsal Abya Yala en Guatemala

ANTE LA PROBLEMÁTICA AGRARIA EN LIVINGSTON IZABAL, CNP-TIERRA CONSIDERA Y PLANTEA

No perder de vista la problemática agraria de diversa índole existente en el área,

que son de carácter estructural, por lo que merecen tratamiento y soluciones de fondo;

La problemática no es solamente del área que ahora se ve plenamente afectada, sino de repercusiones nacionales e internacionales, pues en ella convergen o se contraponen intereses de diversa índole, (narcotráfico, tratados comerciales, el Plan Puebla Panamá, la Franja Transversal del Norte, etc.;

El Estado tiene una deuda histórica en la necesidad de resolución de la problemática agraria del país, y el caso de Livingston solo es reflejo de la agudización de la crisis y no es con paliativos, reacciones violentas, militarización, manejo tergiversado de la información y tratamiento superficial como se resuelve.

Ante esta situación CNP-TIERRA demanda al gobierno de Álvaro Colom lo siguiente:

1. Abordar con mayor visión política y de fondo el asunto, y plantearnos soluciones diversas pero de forma simultánea a la problemática, pues en esto están en juego diversas figuras jurídicas como la propiedad, la tenencia, la posesión, el uso, el usufructo, el arrendamiento o simplemente el asentamiento de comunidades en tierras sin que sepa si algún día sería jurídicamente para ellos.

1. Que el Organismo Ejecutivo ordene a las instituciones a involucrarse a resolver el asunto, como el RIC, el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios y su Departamento de Resolución de Conflictos, el Organismo Judicial en la implementación de justicia pero debiera ser con un Tribunal Agrario, la Sección de Tierras del Ministerio de Gobernación, la OCRET, el CONAP, la PGN, el RGP, personeros de Alto nivel del Ejecutivo e incluso el Congreso de la República para la rectificación o redefinición de límites Territoriales, entre otros, donde los Derechos Históricos de las Comunidades Indígenas deben ser consideradas y tomadas en cuenta.

1. El tratamiento de la problemática puede iniciar con un levantamiento catastral a definir el área territorial conjuntamente con autoridades gubernamentales para buscar regularizar las diversas situaciones problemáticas en la región, pues en ella confluyen los departamentos de Izabal, el Petén y Alta Verapaz. Nosotros creemos que muy bien se pueden tomar varios municipios de estos departamentos y buscarle soluciones de forma integral a los problemas, muchos de ellos ya identificados pero otros se identificarán durante el proceso.

1. Elevar el caso a cuanto antes, un proceso de negociaciones a otros organismos del Estado, puede verse igualmente como parte del Diálogo Nacional, específicamente en la mesa agraria que expresiones como CNP-TIERRA, CNOC y CNGCOOP hemos demandado constituir y poner a funcionar.

A las organizaciones nacionales, regionales y locales:

1. Que las diversas expresiones organizativas nacionales, regionales y locales que nos involucremos en el asunto, definamos una ruta y consensuemos las propuestas de soluciones y la metodología de tratamiento. Creemos que hay mucho trabajado en propuestas de soluciones y sólo hay que retomarlos, reconsensuarlas y redefinirlas en lo necesario, y trabajar lo que merece ser trabajado; para lo anterior CNP-TIERRA tiene propuestas elaboradas y presentadas públicamente desde julio del 2005 y hoy mas que nunca exijamos su tratamiento integral.

“Por La Justicia Agraria, El Desarrollo Rural

Y El Cumplimiento De Los Acuerdos De Paz”

Guatemala 27 de marzo de 2007

*Enviado por Amalia Velazquez - Corresponsal de Abya Yala en Guatemala

Qué consenso ni qué ocho cuartos! Por el Frente Nacional de Lucha por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales - FNL - Guatemala, marzo de 2008

Este Gobierno lleva al pueblo y a sus legítimas organizaciones de sorpresa en sorpresa, con el agravante de que éstas cada vez se tornan más y más ingratas e inaceptables. El divorcio entre las promesas de campaña con las que se granjearon el voto popular y la realidad de su gestión al frente de la cosa pública es abismal. Lo que hacen dista años luz de lo que dijeron que harían. Su práctica es la antípoda de su discurso. En síntesis, en apenas 60 días, las autoridades del nuevo Gobierno se las han ingeniado para tirar por tierra, en tiempo récord, prácticamente todas y cada una de las esperanzas que crearon durante los meses de campaña electoral, dejando al desnudo no sólo la demagogia extraordinaria de la que son dueños sino, peor aún, la hipocresía que los caracteriza.

Pero en esta ocasión, y por mucho, se les fue la mano. Sin escrúpulos de ninguna naturaleza el Ministro de Trabajo, en declaraciones hechas públicas en Siglo XXI en su edición de hoy Miércoles 12 de Marzo, miente y afirma que los sectores patronal, sindical y estatal lograron llegar a un consenso para reformar la estructura jurídica laboral vigente. Es decir, decreta la muerte del Código de Trabajo y anuncia que se le introducirán reformas de fondo.

En primer lugar, el Ministro miente cuando sostiene que el movimiento sindical avaló esos planteamientos. Lo cierto es que las más numerosas y beligerantes organizaciones sindicales existentes en el país no sólo no han sido consultadas al respecto, sino que ni siquiera sabían de la intención gubernamental y empresarial de acabar con una de las más relevantes conquistas de la Revolución de Octubre, como sin duda alguna lo es el Código de Trabajo. No hay, pues, tal consenso.

En la edición impresa de Siglo XXI, solamente se recogen algunas declaraciones incoherentes y vagas expresadas por Enrique Torres, con las cuales, de una manera timorata, se avala esta propuesta. Por muy cuñado que el Señor Torres sea del Presidente Colom, lo cierto es que ello no lo convierte, en absoluto, en voz autorizada de las organizaciones sindicales del país. Se equivoca el Ministro de Trabajo si cree que, porque ya lo habló con Enrique Torres, significa que ya obtuvo el consenso del sindicalismo en su conjunto.

El Licenciado Torres es el asesor del STEG y quizás de algún otro sindicato, pero hasta ahí. Debe quedar perfectamente claro que los asesores son lo que su cargo indica: asesores. Ello no los transforma en representantes ni, mucho menos, en voceros legítimos del sentir y el pensar de las organizaciones sindicales que asesoran. Mucho menos aún del movimiento sindical como un todo. Todos los sindicatos tienen sus propios órganos de dirección que son los llamados a representarlos.

Es muy probable que el Licenciado Torres haya sido un excelente asesor legal para el magisterio. Ello lo evidencian tanto el “magnífico Pacto Colectivo que abriga a todos los maestros y maestras del país, conquistado en forma pronta y eficiente”, como la “forma impecable en que ganó sin resabios de duda la batalla jurídica alrededor de la destitución de Joviel Acevedo”. Es muy posible, dada la magnitud de sus logros, que su trabajo efectivamente valga los 35 millones de quetzales que anunció que les cobrará a los maestros. Pero, aunque sea dueño de todos esos méritos, ello no significa que deba considerársele el interlocutor oficial de los sindicatos ante el Estado y sus instituciones ni ante el sector empresarial. Eso el Ministro de Trabajo parece no entenderlo.

No existe, pues, el tal consenso que anuncia el Ministro. Por el contrario, semejante manipulación malintencionada, por parte del Gobierno, de un tema tan delicado y sensible más bien tiende a polarizar posiciones y a generar condiciones de enfrentamiento. El Ministro pretende colocar a las organizaciones sindicales y a la clase trabajadora en su conjunto ante un grave y alarmante hecho consumado, fundamentándose en consensos que él sabe perfectamente que sólo existen en su imaginación.

Dice el Ministro, en sus declaraciones públicas, que “el Código de Trabajo no está obsoleto; está muerto”. Es bueno que sepa que esos muertos que el Ministro mata gozan de buena salud. Ese Código sigue siendo, a lo largo y ancho del Continente Americano, uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en materia laboral. Y lo es porque fue elaborado durante los únicos años dorados y de grato recuerdo vividos en la historia del país: la década de la Revolución de Octubre. No queremos significar, con ello, que no resulte conveniente introducirle reformas que mejoren la tutelaridad en beneficio de la clase trabajadora. Pero esas reformas no son, ni por aproximación, las que se anuncian en las declaraciones del Ministro de Trabajo.

La que más destaca el artículo periodístico es la anunciada desaparición de la Comisión Nacional de Salario, instancia tripartita responsable por ley de la determinación del salario mínimo. La propuesta plantea, como ya se ha advertido en comunicados anteriores del FNL, que se traslade a las Municipalidades la facultad de definir ese salario en su área de jurisdicción territorial, lo que llevaría al país a contar con diferentes tablas salariales. El 27 de Diciembre recién pasado, siendo aún Presidente Electo, Álvaro Colom hizo públicas esas intenciones y, en aquella malhadada entrevista, anunció que el salario mínimo podría así reducirse a 30 quetzales, para que la Municipalidad atraiga la inversión extranjera. Es decir, sin sonrojarse siquiera propuso que en el país se rebaje el salario mínimo, y buscó descargar esa culpa sobre los Gobiernos Locales.

También anuncian que, por ley, se crearán sindicatos únicos en las instituciones públicas y privadas. Es decir, según lo sostiene el Ministro, que “se prevén cambios en el funcionamiento de los sindicatos”, sin que se esclarezca a qué cambios se refiere.

Y anuncia, además, que se reclasificarán los puestos en el sector público, según lo establezcan las reformas que le introducirán a la Ley del Servicio Civil. Esto significa, ni más ni menos, que se proponen introducir de nuevo ante el Congreso de la República la propuesta para una nueva Ley del Servicio Civil que ha sido derrotada por la lucha sindical ya en dos ocasiones anteriores.

Y pretenden introducir en el Código de Trabajo, ¡vaya sorpresa!, los conceptos de salario por productividad y de pago por horas. Ante esta idea, sería recomendable que el Ministro y sus asesores se tomen la molestia de leer siquiera la letra concreta del Código vigente, porque establece, desde 1947, el salario por productividad como una de las variantes contractuales en las relaciones obrero-patronales. ¿No será, entonces, que lo que pretenden entonces es consagrar el salario por productividad como forma principal, si no única, de determinar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del país?

Luego, anuncian su voluntad de otorgarle a la Procuraduría de los Derechos Humanos, por mandato legal, el papel de inspectoría de trabajo, pero solamente en lo referido al trabajo de los y las menores de edad. A ver qué opinan los expertos en materia de ombudsman respecto a este papel ejecutivo que pretenden asignarle a la PDH nacional.

Ninguna de estas ocurrencias ha sido consensuada con el movimiento sindical. Ni una sola de esas ideas cuenta con el aval de las principales organizaciones sindicales del país. Y todas esas absurdas propuestas violentan una amplia gama de convenios, pactos, tratados y acuerdos internacionales que, en materia de derechos laborales, son claros al establecer el papel tutelar que debe preservarse en la letra y el espíritu de la legislación laboral.

Desde el Frente Nacional de Lucha condenamos enfáticamente el abuso en el que a todas luces incurre el Ministro de trabajo, al falsear de manera tan grave la realidad. No es aceptable que, desde cualquier cartera ministerial, se engañe de semejante manera a la población, y menos aún para defender los intereses del CACIF y de los sectores poderosos, aunque ello signifique lesionar, de manera flagrante, los derechos de las grandes mayorías de la población.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos a las organizaciones sindicales y populares, incluso a aquellas que, de manera equivocada, dieron su respaldodecidido y llamaron al voto por la candidatura de Álvaro Colom, a que sumen sus esfuerzos en una imprescindible lucha unitaria en defensa de los derechos laborales, hoy tan severamente amenazados por aquellos que, con su colaboración, ahora ocupan espacios de poder dentro del Estado y los emplean reiteradamente en perjuicio del pueblo.

Desde el frente Nacional de Lucha llamamos a las bancadas de los diferentes partidos políticos a que reflexionen respecto a las implicaciones que, en función de la estabilidad nacional, se derivarían de estas barbaridades, y a que, a tono con ello, expresen de manera enfática y firme su repudio ante las reformas legales que desde el Gobierno pretenden introducir.

Desde el Frente Nacional de Lucha llamamos al pueblo a que abra los ojos ante las atrocidades ante las que este nuevo Gobierno coloca a los sectores populares un día sí y otro también.

¡La Lucha Sigue!

PD: Adjuntamos íntegro el artículo de Siglo XXI en el que se plantean los atropellos a los que hemos hecho referencia.
Nótese además el papel servil de los medios de comunicación al manejar la información maliciosamente con términos como “lo nuevo”, “lo viejo”, con la imagen de un papel viejo, amarillento y roto de un lado y colores celestes del otro. Y el trabajador da la espalda a lo “viejo” y lo colocan de cara a lo “nuevo”, como si fuesen sinónimos de bueno y malo.
“No te dejes engañar, cuando te hablen de progreso…porque tu te quedas
flaco y ellos aumentan de peso…”

PULSO 12-03-2008
Logran consenso para reformar Código laboral
Eliminación de la Comisión Nacional del Salario y sanciones más duras sobresalen en nueva normativa.
Édgar López, Siglo21 | elopez@sigloxxi.com
Los sectores patronal, sindical y estatal lograron llegar a un consenso para reformar la estructura jurídica laboral vigente. La idea es crear un nuevo
Código de Trabajo, afirma el ministro de Trabajo y Previsión Social, Édgar Rodríguez, quien asegura que la propuesta será presentada para su discusión por parte de la junta tripartita en unos 60 días.

“El Código no está obsoleto; está muerto”, señaló Rodríguez, al enfatizar en que el objetivo es dejar atrás la normativa vigente, la cual data de 1947.
“Queremos impulsar nuevas leyes por consenso en las reuniones tripartitas. El Código viene de la época de la Revolución, y en este momento ya no es aplicable. La iniciativa está casi terminada para su discusión”, resalta el funcionario. Entre las posibles modificaciones se encuentra la eliminación de la Comisión Paritaria para definir los salarios mínimos, atribución que pasaría a las municipalidades (lea: Los cambios). A criterio de Rodríguez, estas comisiones “no han logrado consensos en los últimos 17 años”. Las comunas contarían con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, en cuanto a la definición de cuánto y de qué manera pagar a los empleados. “Esto ya fue aprobado por consenso con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam)”, expresa el funcionario (lea: A discusión).
Otros cambios
Entre las modificaciones contempladas al Código están la creación de juzgados de Ejecución Laboral, con el fin de que la Supervisión General de
Trabajo tenga la fuerza coercitiva para que los casos no lleguen a los juzgados comunes, donde el trámite se vuelve “engorroso”, explica el Ministro.
“Los juicios se vuelven demasiado largos, porque deben ver ejecuciones, juicios colectivos y reclamación de prestaciones o reinstalaciones”, detalla el
inspector general de trabajo, Giovanni Francisco Soto.
La cartera también pretende duplicar el personal de inspectoría en los próximos 2 meses (250 en total), y así iniciar supervisiones sobre unas 14 mil
empresas, debido a que en la propuesta de ley se prevén sanciones más drásticas.
También se prevén cambios en el funcionamiento de los sindicatos, se pasaría a la Procuraduría de Derechos Humanos el control de los trabajadores
menores de edad y se reclasificarían las plazas en el Estado por medio de reformas a la Ley del Servicio Civil.

A DISCUSIÓN
Rolando Figueroa, representante del sector patronal en la Comisión tripartita, advierte que “el nuevo Código tiene que incentivar la productividad y ser flexible, ya que el país debe insertarse en la globalización; es decir, en la competencia mundial”. Enrique Torres, asesor jurídico del sector sindical, expresa que la Comisión está diseñada para hacer planes a mediano y largo plazo. “Cualquier discusión sobre un nuevo Código debe cumplir con los convenios internacionales; estamos anuentes a debatirlo”, subraya el abogado. El presidente de la Comisión del Trabajo del Legislativo, Rubén Darío Morales, anticipa que la propuesta será discutida y aprobada por consenso antes que sea llevada al pleno parlamentario. “El Código de Trabajo debe ser moderno y actual; esto daría soluciones a una relación en las que las bases de entendimiento estén sentadas para convertirse en políticas de Estado”, destaca el congresista.

Guatemala, 12 de Marzo del 2008

FNL - www.estamosdefrente.blogspot.com

Pueblos q´anjob'al, chuj y akatekos, juntos para promover su futuro Por Pedro Mateo - Guatemala, 15 de marzo de 2008

chamateo99@hotmail.com

Hablar de una Guatemala multicultural es pensar inmediatamente en algunos pueblos como kaqchiquel, kiché, q'eqchí' y mam como representantes del pueblo maya, pero en realidad se ignora la existencia del q´anjob'al, chuj y akateko, culturas e idiomas que practican más de 500 mil personas de ocho municipios que conviven en el departamento de Huehuetenango.

El desarrollo que se implementa desde las políticas de la globalización, sólo sirven para empobrecer a los pueblos indígenas y por aparte enriquecer a los empresarios nacionales y ricos de los países llamados desarrollados. Después de un análisis profundo sobre la realidad de la población maya, garífuna, xinka, mestiza y ladina del país, se ha concluido de que la cultura europea impuesta hace más de 515 años no ha podido dignificar a la persona, mas bien desde ese entonces existió la violencia, la discriminación, la marginación y la explotación que sigue reproduciéndose por el actual sistema político. Es indiscutible que la llegada de los españoles a estas tierras produjo un encuentro de varias culturas que causó cambio de mentalidad, ocasionó nuevas formas de vida, creencias diferentes y religión, pero esta diversidad ha perjudicado a los pueblos maya, garífuna y xinka, evidenciada en la falta de respeto de las instituciones del Estado a los resultados de las consultas comunitarias que rechazan la explotación de la riqueza natural en el país.
Los gobiernos no han impulsado políticas tendientes a contrarrestar la concentración de la riqueza y mucho menos se identifican políticas para el desarrollo de los pueblos maya, garífuna y xinka que históricamente han sido excluidos. Ante estas circunstancias, los planteamientos tendrán que venir desde los pueblos, por ello, los municipios de Santa Eulalia, San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Cruz Barrillas, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán y varias comunidades del Yichkán, Quiché, se han organizado para instalar en años venideros el Parlamento maya q´anjob'al, chuj y akateko, instancia que impulsará una autonomía regional y ejemplo real de una reivindicación indígena a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa no es reciente, sino es resultado de varias discusiones comunitarias de los municipios que creen y valoran el conocimiento de los ancianos y ancianas sobre la identidad cultural y la cosmogonía ancestral.
La decisión de revalorizar la riqueza cultural q´anjob'al, chuj y akateka es restablecer el sistema patq'um (en idioma castellano se asimila a parlamento), fundamentándose sobre la experiencia, el conocimiento, la sabiduría y consejos de las ancianas y ancianos, quienes guían los jóvenes, mujeres, hombres, autoridades locales y dirigentes comunitarios. El planteamiento pretende la autonomía territorial, política, social, económica y cultural de la región, tomando como base la integralidad precolonial maya, dirigida a revertir las desigualdades económicas y mejorar la situación de vida de las personas. No se busca independencia o excluirse, sino por el contrario debe considerarse como una forma de refundar la verdadera nación guatemalteca y esperar que el proceso sea un gran cambio pronosticado por nuestros abuelos y para ello, los pueblos deben estar preparados.

Fuente: www.lahora.com.gt - 140308

Amenazas - Única respuesta al 6M

Millones de víctimas y personas solidarias se expresaran el pasado 6 de marzo en Colombia y en el mundo contra quienes han desplazado a más de 4 millones de colombianos haciendo uso del terror y la barbarie, contra quienes se han beneficiado de la usurpación de casi 8 millones de héctareas de las mejores tierras del país, contra quienes han desaparecido a más de cinco mil personas y han ejecutado extrajudicialmente a miles de campesinos que señalan der ser miembros o auxiliadores de la guerrila.
Ese día se rindió un homenaje a las víctimas de la estrategia paramilitar y del Estado Colombiano, días antes voceros oficiales habían cargado una peligrosa cruz, de nuevo, sobre quienes pretendían dignificar el nombre y la historia de tantos muertos que no tienen rostro en los grandes medios.
Desde antes del 6 de marzo y sobre todo después del éxito de la movilización han vuelto las amenazas de muerte de quienes se hacen llamar las "Aguilas Negras", de quienes no están interesados en que Colombia vomite sus muertos, conozca su verdad, por cruda que sea, y exorcise los odios que alimentan el descomunal conflicto que vivimos. Amenzan de nuevo, como de costumbre, pero está vez ya las víctimas comenzaron a perder el miedo y salieron al camino que iniciaron hace rato los indígenas, los campesinos y los afrocolombianos para gritar ¡Nunca más desplazamientos forzados! ¡Nunca más desapariciones! ¡Nunca más paramilitares! ¡Nunca más crímenes de Estado!

El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar "Águilas Negras", en la que se incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar, organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la marcha.
Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.
SE RESPONSABILIZA A JOSE OBDULIO GAVIRIA, ASESOR PRESIDENCIAL
AUMENTAN LAS AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y ASESINATOS A ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, SINDICALISTAS, ENTRE OTRAS, LUEGO DE LA MOVILIZACION DEL 6 DE MARZO (Fecha: Marzo 14 de 2008)
En el marco de la política de "Seguridad democrática" del actual gobierno se ha recrudecido el clima de militarización y se han agravado los ataques contra la población civil y las organizaciones sociales y de derechos humanos. Contrario a lo presentado en informes gubernamentales, esta política no ha conducido a que la situación de derechos humanos mejore y, por el contrario, han aumentado las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por la fuerza pública, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, y se ha modificado el panorama de la violencia sociopolítica debido al cambio en las formas de actuar de los agresores.
Es falso que el paramilitarismo se haya desmovilizado. Los informes de diversas instancias como la OEA dan cuenta de que en todo el país continúan actuando "bandas armadas", que bajo diversos nombres (Águilas Negras, Organización Nueva Generación, etc.) siguen atacando a las organizaciones sociales. Esto prueba el proceso adelantado entre el gobierno y los grupos paramilitares no ha conducido a desmantelar el paramilitarismo.
Las agresiones contra las organizaciones y sus líderes se agudizan precisamente en los momentos en que la denuncia y la lucha social son más visibles, y cuando la situación y los derechos de las víctimas se están abriendo lugar en el debate nacional e internacional. Desde el momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada (el 5 de febrero), la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar.
En el marco de la convocatoria de la jornada de "Homenaje a las víctimas, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y dignidad" del 6 de marzo, que además instalaba el IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron más de 24 movilizaciones en el país y 70 en el ámbito internacional. Sin duda la respuesta de la ciudadanía frente a la jornada superó las expectativas de las organizaciones convocantes.
A continuación hacemos un recuento de los graves hechos que se han presentado en las últimas semanas contra personas y organizaciones que dirigieron o acompañaron la convocatoria y cuyo trabajo se enmarca en la defensa de los derechos humanos en Colombia.
HECHOS
Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de ser convocada por las FARC.
En declaraciones similares el asesor presidencial atacó directamente al defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda.
El 11 de febrero de 2008 en el editorial de la página Web de "Colombia Libre", sitio oficial del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se publicó se señaló que la movilización del 6 de marzo era una marcha "entre la revancha y el oportunismo", organizada por simpatizantes de las FARC.
El 12 de febrero se difundieron por correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de la marcha. Las amenazas estabas firmadas por el grupo paramilitar "ONG Nueva Generación Nariño".
El día 17 de febrero Mauricio Cubides, integrante de Fensuagro (organización integrante del MOVICE), fue amenazado de muerte, sufriendo un intento de rapto. Como consecuencia de las amenazas recibidas, debió desplazarse de la región.
Durante la preparación del Homenaje Iván Cepeda recibió en su correo electrónico varias amenazas en las que se le acusaba de ser "aliado de la guerrilla de las FARC".
El 29 de febrero dispararon contra el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora del Homenaje. Esta misma semana se difundieron cartas amenazantes contra Guillermo Castaño, presidente del CPDH, dirigente de la Federación Nacional Agropecuaria y de la Corporación Campesina del Desarrollo Sustentable.
El 4 de marzo fue desaparecido y posteriormente encontrado asesinado en su apartamento, Leonidas Gómez, trabajador del Banco Citibank, integrante del Comité nacional de empresa de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), del Equipo nacional de educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de la dirección distrital del partido político Polo Democrático Alternativo.
El 6 de marzo, día del Homenaje, Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados, recibió amenazas de muerte, mediante un sobre anónimo que contenía un sufragio con la leyenda "líder de la FARC muerte ya" que en su cubierta decía "acción social para Libardo Pedrozo".
Durante el Homenaje a las víctimas se presentaron graves incidentes en varias ciudades. En Cúcuta hubo hostigamientos y personas de civil, ajenas a la marcha, tomaron fotos e hicieron videos. En Bogotá fue identificado un joven que seguía y hostigaba a Iván Cepeda durante el recorrido por la carrera séptima.
El 7 de marzo, el Presidente de la UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado del que afortunadamente salió ileso. Rafael había recibido varias amenazas de muerte.
En horas de la noche del 7 de marzo, fue asesinado Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID).
Ese mismo día fueron hurtados los computadores de las oficinas de ASPODEGUA, FENACOA y de la CND, con archivos que contienen información importante para su trabajo.
El domingo 9 de marzo, fue asesinado Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de ANTHOC, promotor y organizador de la jornada de movilización del 6 de marzo.
El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar "Águilas Negras", en la que se incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip, Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar, organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la marcha.
Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Es claro que el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que promovió con todos los medios a su alcance la movilización del 4 de febrero, no hizo lo correspondiente con la Jornada del 6 de marzo y, por el contrario, intentó poner un manto de duda sobre las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, de exigir sus derechos.
Responsabilizamos por los hechos ocurridos, así como por la seguridad de las organizaciones amenazadas, en primer lugar, al asesor presidencial José Obdulio Gaviria, por sus señalamientos temerarios e irresponsables. Exigimos que el alto Gobierno rectifique las informaciones difundidas sobre la jornada del 6 de marzo y sus convocantes, y se reconozca el derecho de la sociedad a la manifestación pública y pacífica y a ejercer la oposición política.
Convocamos la solidaridad nacional e internacional para que se investiguen los orígenes de las amenazas y se determinen los responsables de los asesinatos y atentados que han sufrido los líderes sociales.
De igual manera, exigimos al Gobierno colombiano resultados inmediatos en el desmonte real del paramilitarismo, así como la depuración por parte del Estado de las listas elaboradas por organismos de inteligencia militar, las cuales han contribuido a la estigmatización y la eliminación sistemática de quienes integran el movimiento social y de derechos humanos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Reiniciar, Minga, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, ANDAS, ONIC, Cut Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento de Derechos Humanos CUT, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, ADMUCIC, Ruta Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la memoria y Contra la impunidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- otras.
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RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD - COLOMBIA
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Reinician juicio contra ex paramilitar en Guatemala

Notimex
Posted: 2008-03-12 16:22:39
Guatemala, 12 Mar (Notimex).- Un tribunal guatemalteco abrió hoy la segunda audiencia en el juicio contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, acusado de la desaparición forzada de seis personas durante los años de la pasada guerra interna (1960-1996).El Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango -56 kilómetros al oeste de la capital- instaló este miércoles el debate del juicio contra Cusanero Coj, bajo el cargo de la desaparición forzada de seis civiles entre 1982 y 1984.El lunes iniciaron las audiencias del primer juicio que se realiza en el país en contra de colaboradores civiles del Ejército por casos de desapariciones durante la pasada guerra, que en 36 años dejó más de 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.El conflicto armado interno finalizó el 29 de diciembre de 1996 con un acuerdo de paz "firme y duradera", firmado por el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), avalado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).Cusanero Coj es acusado de las desapariciones de Lorenzo Avila, ocurrida el 5 de noviembre de 1982, Alejo Culajay (23 de noviembre de 1983), y Filomena López Chajchaguin (15 de enero de 1984).Además de los casos de desaparición de Encarnación López (19 de marzo de 1984), Santiago Sutuj (24 de agosto de 1984) y de Mario Augusto Tay Cajtí (28 de octubre de 1984).El acusado, quien como civil colaboraba con el Ejército en acciones de contrainsurgencia, habría capturado en forma ilegal a los seis indígenas, ejecutados en forma extrajudicial.Familiares de las víctimas estiman que sus cuerpos estarían sepultados en un destacamento militar.Representantes de la agrupación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), que actúa como querellante en el juicio, y del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), que asesoran a los familiares de las víctimas, asisten al debate.La vocera de CALDH, Fabiola García, dijo a Notimex que este miércoles abrió la segunda audiencia del juicio en el tribunal de Chimaltenango, capital departamental del mismo nombre, ubicada en el occidente del país.Indicó que el debate continúa pese a los intentos de la defensa del acusado que pretenden obstaculizar la marcha del juicio con la presentación de numerosos recursos legales.García estimó que se celebrarán entre siete y ocho audiencias antes que el Tribunal concluya el proceso y esté en condiciones de emitir su veredicto en el primer juicio contra un ex paramilitar, acusado del delito de desaparición forzada, en este país centroamericano.Por su parte el titular del Tribunal, Walter Paulino, dijo que el juicio podría concluir en seis u ocho sesiones, pero aclaró que el proceso y las diligencias para llegar a la sentencia podrían llevarse varios meses.Al juicio asisten también nueve testigos que se presentarán a lo largo del debate, según lo soliciten las partes.La defensa del ex comisionado militar Cusanero Coj ha interpuesto una serie de recursos dirigidos a conseguir la suspensión del juicio con el argumento de que el delito de la desaparición forzada se tipificó hasta junio de 1996.Los casos por los que se acusa al defendido ocurrieron entre 1982 y 1984, por lo cual consideran que no hay delito que perseguir y es improcedente el juicio.
2008-03-12 15:15 EST